Ciudad de Panamá · 18 de noviembre de 2026 Lo último Suscríbete
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Imputan a Paola Rincón, pareja de Luis Oliva, como presunta interpuesta persona por enriquecimiento

Una jueza de garantías le impuso reporte periódico y prohibición de salida del país, mientras el exadministrador de la AIG sigue en detención provisional y la Fiscalía busca declarar el caso como causa compleja.

Imputan a Paola Rincón, pareja de Luis Oliva, como presunta interpuesta persona por enriquecimiento
Gráfico: La República · Panamá

Paola Rincón, pareja sentimental del exadministrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) Luis Oliva, fue imputada el martes 17 de noviembre por el presunto delito de enriquecimiento injustificado, bajo la figura de interpuesta persona. Una jueza de garantías le impuso como medidas cautelares la prohibición de salir del país y la obligación de reportarse periódicamente.

Según el Ministerio Público, Rincón habría ayudado a encubrir el presunto enriquecimiento injustificado de Oliva entre 2019 y 2024, periodo en el que él dirigió la AIG durante el gobierno del expresidente Laurentino Cortizo. La orden de aprehensión fue emitida el 13 de noviembre y se ejecutó en la tarde del lunes 16, de acuerdo con información del Ministerio Público.

La figura de interpuesta persona, prevista en el Código Penal, se relaciona con la del testaferro: alude a quien presuntamente sirve de intermediario para manejar recursos de origen cuestionado. Rincón no ha sido condenada y se presume inocente.

Los argumentos de la Fiscalía y de la defensa

Como elementos de convicción, la Fiscalía Anticorrupción presentó el informe de la Contraloría General de la República que detalla una discrepancia entre ingresos y gastos de Oliva por casi un millón de dólares, además de registros de cientos de transferencias entre cuentas de Oliva y Rincón por más de 100 mil dólares en cinco años.

La versión de la imputada consta a través de su abogado, Carlos Carrillo Villarreal, quien sostuvo que las transferencias son propias de una pareja que convive y tiene un hijo en común, y que esos montos no superan los ingresos reportados por Oliva, quien según la defensa devengaba 10 mil dólares mensuales en la AIG. Carrillo también afirmó que su defendida no era funcionaria y calificó la imputación como una táctica para solicitar que el caso se declare complejo.

La fiscal Patricia Herrera confirmó que el Ministerio Público pidió una audiencia para declarar la causa compleja, lo que extendería la investigación más allá de los seis meses. El plazo actual contra Oliva, imputado en mayo, vence el 30 de noviembre, según la defensa. Si no se concede, el proceso seguiría su curso hacia juicio.

Ambas partes apelaron la medida cautelar. La Fiscalía pide depósito domiciliario, y la defensa, que el reporte sea solo una vez al mes. Herrera explicó que el tribunal no accedió a la medida «rigurosa» solicitada. Se informó que la jueza tomó en cuenta el bienestar de los dos menores de edad que dependen de Rincón. Se reportó que el reporte quedó fijado los días 15 y 30 de cada mes y que la apelación se verá el 7 de diciembre.

Oliva sigue detenido

Por separado, se negó por segunda vez la solicitud de la defensa de Oliva para cambiar su detención provisional, vigente desde el 31 de mayo, tras su aprehensión el 29 de mayo en una playa. Según la Procuraduría General de la Nación, el tribunal consideró que no variaron las circunstancias que justificaron la medida. La información disponible difiere sobre la instancia: unos reportes la atribuyen al Tribunal de Apelaciones y otros al Juzgado de Garantías. No consta en las fuentes una declaración de Oliva sobre el fondo de los cargos.

La investigación se abrió de oficio a partir de un informe de auditoría de la Contraloría del 15 de septiembre de 2025. Las cifras reportadas sobre el presunto incremento patrimonial no coinciden: la fiscal Jenisbeth Malek lo situó por encima de 937 mil dólares, mientras que otra versión atribuida al Ministerio Público lo ubica sobre 957 mil dólares.

Oliva también está imputado, junto al empresario Budy Attie y la abogada Janice Becerra, por presuntos peculado, corrupción y asociación ilícita en el caso de la plataforma Listo, usada para pagos del Vale Digital, el PASE-U y las becas universales. La Fiscalía sostiene que se entregó la base de datos de usuarios a la empresa Fintek, S.A. sin contrato formal. No consta en las fuentes la versión de los imputados en ese expediente.

Fuentes: TVN Noticias · La Estrella de Panamá · La Estrella de Panamá · Metro Libre · Metro Libre · La Estrella de Panamá · TVN Noticias · La Estrella de Panamá

Nota elaborada con asistencia de inteligencia artificial a partir de las fuentes citadas y revisada según nuestras normas editoriales.

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